Locales. Espectacular operativo, piedrazos y negociación tras orden de desalojo en Chapaleofú al 2.100 

El viejo litigio judicial entre el dueño de varias manzanas del barrio 25 de Mayo y la familia Blanco, ocupante del predio desde hace 28 años, tuvo ayer otro capítulo de tensión cuando un magistrado porteño libró su segunda orden de desalojo, decisión que se intentó llevar a cabo con un centenar de policías fuertemente armados, resistidos por la Corriente Clasista y Combativa en un clima de fuerte tensión. 
El diferendo data de varios años atrás, y en 2011 se desató un paisaje parecido. Hubo reiteradas audiencias pero resultaron infructuosas, y las partes extremaron sus posturas. 
Ayer a la mañana, cerca de las 7, arribaron patrulleros de todas las fuerzas, incluso participaron efectivos de la ciudad de Azul. Una columna de miembros de Infantería valló la casa para evitar el ingreso de los militantes, que desde horas tempranas se solidarizaron con los habitantes de las casas afincadas en el lote.
Las hectáreas en cuestión le pertenecerían al martillero José Luis Betelú, y luego de varias audiencias de conciliación para intentar descomprimir pacíficamente la situación, la disconformidad de los Blanco con los convites realizados precipitó el exhorto del juez porteño. 
Cerca de 50 integrantes de la CCC, liderados por Jorge "Mono" Lezica y Griselda Altamirano, intentaron ingresar a las héctareas en disputa pero el cordón de policías logró impedirlo en un primer momento. Además de patrulleros de todas las comisarías y dependencias de la ciudad, había dotaciones de Bomberos y palas mecánicas dispuestas a avanzar en un virtual desalojo forzoso, punto drástico al que no se llegó por la intervención del juez en lo Civil y Comercial José Martín Zárate. 
En las viviendas precarias del lugar se alojan 5 familias y según pudo constatar el asesor de Menores e Incapaces, Ezequiel Belaunzarán, viven 4 chicos y una de las mujeres cursa un embarazo, dato que agrega dramatismo a la historia.  
El oficial de Justicia Julio Caram, acompañado por secretarios y la abogada particular del dueño, notificaron a los Blanco de la decisión emitida desde Capital Federal, pero los habitantes de las casas se mantuvieron firmes en sus puestos, a la espera de una nueva instancia de diálogo que permita solucionar el problema habitacional de fondo.
Cerca del mediodía, llegó el secretario de Desarrollo Social, Oscar Teruggi, junto a su segundo Rubén Dieguez, pero al notar la ausencia del juez Zárate, se retiraron sin emitir palabra. 
El subsecretario comunal había ido más temprano con la propuesta de alquileres por un año para dos familias, pero in situ constató que la complejidad del panorama era mayor, y elevó su informe al gabinete. El intendente interino Juan Pablo Frolik (Miguel Lunghi estaba con el Papa Francisco en el Vaticano) monitoreó la negociación desde la Municipalidad, y suspendió la visita con periodistas al skate park, conferencia que finalmente se realizará esta mañana. 
Cerca de las 11 todo se complicó en Chapaleofú al 2.100, cuando el doctor Zárate habría comunicado a la familia que al no arribar a un consenso, iban a tener que cumplir con la orden judicial avanzando con la Policía. Entonces Natalia Di Salvo, una de las ocupantes, gritó a sus compañeros de la CCC que necesitaba ayuda porque el magistrado anunció que "no había vuelta atrás", advertencia que despertó la reacción de los manifestantes, quienes juntaron piedras y escombros para arrojar a los policías que con escudos se preparaban para reprimir. 
Finalmente las autoridades retrocedieron para evitar males mayores, y se reabrió otra instancia de diálogo. 

VERSIONES CRUZADAS 

Di Salvo, posteriormente, reclamó un "arreglo coherente" que supere el paliativo de corto plazo como condición para abandonar el inmueble. 
Minutos antes el juez Zárate reportó a los medios de prensa que el desalojo forzoso se había suspendido gracias a un acuerdo "verbal" con las familias, "cosa que para nosotros es suficiente, y consiste en conseguir 4 lugares para alquilar por un año a cambio de que los ocupantes desarmen todo pacíficamente y se vayan". 
Su señoría recalcó que "no prosperó" el juicio por usucapión que iniciaron los Blanco, con lo que "saben que no tienen derecho a estar aquí". Igualmente "necesitan una mano para resolver" la cuestión habitacional, por lo que se les ofreció la renta de inmuebles a cargo de Desarrollo Social", pronunció el magistrado local. 



"SON MEROS OCUPANTES", DIJO LA ABOGADA DEL COMPRADOR 



Silvia Fernández, asesora legal del propietario señaló a LA VOZ que el proceso "consiste en una quiebra con un comprador judicial. Este es el segundo desalojo, pues el primero fracasó. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial y luego de varias audiencias conciliatorias, se reordenó el desalojo compulsivo".
Para la profesional, las familias "fueron declarados meros ocupantes, la posesión es del comprador a partir del remate, y se articularon un sinnúmero de reuniones con ánimo conciliador, donde intervino la Municipalidad. No tienen ningún derecho a la ocupación". 
"Hubo ofrecimientos para solucionar un problema que no es del comprador, quien tiene la garantía de la entrega. Este procedimiento de seguridad da cumplimiento a la sentencia de un juez", señaló la entrevistada. 
La abogada desmintió a su vez que los Blanco hayan estado hace 28 años en el lugar: "la información es incorrecta, está probado en los expedientes que había un aserradero con un señor que cortaba leña sin derecho. Luego falleció. Y a partir de la venta que se hizo en Capital Federal, con una subasta llevada adelante con todas las garantías judiciales correspondientes. Las familias alegaron un derecho posesorio, e iniciaron acciones en el Juzgado Nº 3 a cargo de la doctora Mónica González Alorita, causa que está archivada desde julio de 2013. Por eso los jueces entienden que todas las partes tuvieron derecho de ser escuchados y las resoluciones fueron desfavorables para los ocupantes. Así se llega al desalojo forzoso", culminó.

 



"A BETELÚ LO VAMOS A BUSCAR HASTA ABAJO DE LAS PIEDRAS" 




Griselda Altamirano (CCC) recordó que "en un momento José Luis Betelú ofreció terrenos a las familias para la construcción de viviendas, pero después dio marcha atrás. El compró en un remate un bien ocupado, sabía que estas personas están acá hace más de 20 años, cuidando que otros vecinos no usurpen el terreno y manteniéndolo en buen estado".
Luego acusó al dueño de romper las instancias de diálogo: "cambió de abogado y llegó a este desalojo sin notificación. Natalia Di Salvo vive acá y es compañera de nuestra organzación, coordinadora de Villa Aguirre. Le ofrecen un alquiler de Desarrollo Social por un año, para seguir en la misma, y el aparato judicial está para beneficiar a los que más tienen", denunció la militante. 
Altamirano rememoró que el comprador "llegó a decir que iban a parcelar esta parte para que los compañeros se queden, y estos querían abonar el terreno en cuotas. Tuvimos mucha voluntad de solucionarlo, pero los jueces están para defender a los poderosos, y él lo sabe". 
También agregó que el martillero adquirió el bien "porque se enteró por un diario de un edicto que salió en San Luis, este es un negocio inmobiliario para beneficiar siempre a los mismos. La Justicia, en vez de defender a los niños que están acá, defienden a ellos. Que Betelú se esconda porque lo vamos a buscar hasta abajo de las piedras. No vamos a permitir que haya roto la negociación", advirtió la dirigente de la Corriente Clasista.